El expolio arqueológico detectado y truncado por la guardia civil en Dos Hermanas ha encontrando un notable eco en la prensa:
(http://www.abcdesevilla.es/20120121/provincia/sevi-detenidas-personas-acusadas-expoliar-201201211525.html; http://www.elcorreoweb.es/sevilla/provincia/139245/utrera/explio/guardiacivil;
así como en otras muchas referencias, sin olvidar su presencia en los contenidos de otros medios de la red (http://terraeantiqvae.com/group/patrimonioarqueolgico/forum/topics/dos-detenidos-por-expoliar-restos-romanos-en-la-campina-de-sevill?xg_source=activity), recogiendo con cierto detalle la lamentable situación a la que se ven abocados los restos patrimoniales por mor de la delincuencia del ramo. El hecho es muy grave y no es nuevo, pero ahora parece incrementado por las circunstancias económicas en que vivimos.
Los agentes del Seprona merecen todos nuestros parabienes por la labor que realizan, pero no debemos reprimir preguntarnos si, desde el otro lado, desde la ciudadanía, desde la propia administración, estamos haciendo todo lo posible para impedir este tipo de expolios. Trataremos de explicarlo:
La noticia habla de obras en una zona de servidumbre arqueológica, donde los expoliadores habrían realizado sus actividades, ya que trabajaban directamente en las tareas que se realizaban en la zona patrimonial y debían conocer la particularidad de aquellos terrenos o se toparon casualmente con los hallazgos y decidieron sacar provecho de ello.
Pero deberíamos inquirir si las servidumbres arqueológicas no tienen ningún tipo de protección y, si las tienen, qué control administrativo existía en esta obra concreta de Dos Hermanas para haber dado lugar a un expolio tan sorprendente. Teóricamente las zonas de servidumbre arqueológica requieren un informe previo de los responsables culturales para cualquier intervención sobre las mismas, por lo que resulta chocante que el expolio se haya llevado a cabo en un espacio como este. ¿Existía ese informe previo?, ¿se había procurado un seguimiento sobre las obras?
Los hechos parecen demostrar que nada de esto existía, por lo que la responsabilidad subsidiaria de los responsables culturales no debería dejarse a un lado, sino todo lo contrario: habría que exigírsela, dado que si todas las medidas previstas se hubiesen tomado, no estaríamos ahora hablando de la detención de dos delincuentes patrimoniales y del daño causado al yacimiento de Dos Hermanas.
Es probable que los políticos andaluces estén pensando en su inminente fin de ciclo y anden más descuidados que de costumbre, pero la burocracia cultural de la región está repleta de funcionarios que no van a cambiar de situación profesional aunque haya un vuelco de signo en los gestores públicos a partir de marzo. Por ello, aún es más negativo pensar en lo que ha ocurrido, ante la parálisis de unos mecanismos de protección que han brillado por su ausencia.
Por otro lado, la ubicación del lugar del delito nos recuerda la cercanía de cierto yacimiento (Torre de los Herberos, la antigua Orippo), si es que el expolio no se ha desarrollado allí, donde nunca se ha hecho nada, pese a las promesas ya olvidadas de gestión y conservación del mismo, tal como recogían hace pocos años la prensa local, en un momento más proclive a actuaciones culturales que las que hoy disfrutamos.
Este hecho podría ampliar la circunstancia de que, muchas veces, las actuaciones de la iniciativa delictiva privada encuentra un amplio margen de maniobra al amparo de los 'descuidos' y del abandono premeditado de las obligaciones de los responsables públicos. Precisamente, en materia patrimonial, el poco celo en el ejercicio de las funciones de protección y conservación, solo conducen a favorecer el deterioro, la pérdida y el expolio generalizado. La noticia que aquí comentamos solo sería un ejemplo llamativo de una situación que, desgraciadamente, no desaparece, sino que tiende a generalizarse en muchos aspectos.
