1. Mezquita de Córdoba, a partir de la imagen de http://revistamito.com/la-mezquita-de-cordoba-obra-cumbre-del-califato/
Habitualmente, las cuestiones inherentes al patrimonio histórico-artístico no suelen entrar en los programas políticos de las diferentes candidaturas, ni en los debates entre representantes públicos o entre quienes quieren llegar a serlo y, si lo hacen, aparece como un fenómeno secundario que no ocupa sino unas líneas sin importancia. No obstante, en estos últimos tiempos han confluido ambos extremos al hilo de la propuesta de ‘expropiar’ la titularidad de la mezquita de Córdoba, para que su dominio pasase desde la Iglesia católica al Estado. Una idea que, por otra parte, era previa a la de convocatoria de elecciones en la autonomía de Andalucía de este año. La propia Junta de Andalucía (http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/parlamento-recurrira-ley-permitio-inmatricular-mezquita_907853.html), al igual que diversos partidos como Izquierda Unida (http://www.eldiario.es/andalucia/IU-recurrir-inmatricular-Mezquita-Cordoba_0_302019943.html) y ciertos particulares (http://www.rebelarte.nadhari.org/?p=169) han apoyado la propuesta. Pero la cosa no ha quedado ahí: más recientemente, haciéndose eco de esta iniciativa otro grupo político ha recogido la iniciativa y extiende una petición similar, pero aplicándola sobre el alminar de la Giralda (http://www.diariodesevilla.es/article/andaluzas2015/1982322/podemos/quiere/expropiar/la/giralda.html).
2. La Giralda, junto a la catedral de Sevilla, a partir de http://www.civitatis.com/actividades/espana/sevilla/tour-sevilla
El debate planteado se establece sobre una realidad patrimonial extremadamente sensible, pero en la que lo de menos parece ser el propio patrimonio de todos. Por un lado, lo que se pide no es una exigencia social que parezca planear sobre todo el patrimonio en similares condiciones, sino que se hace presente en aquellos ítems patrimoniales que tienen asegurado un notable plus económico, de la mano de sus numerosos y variados visitantes. Por otro, ni Giralda ni mezquita de Córdoba representan hoy un bien histórico-artístico sobre el que exista ninguna amenaza de pérdida o deterioro preocupante que afecte a su actual integridad física, por lo que en ambos casos cabe presumir la existencia de otras razones menos conspicuas, que muevan a las instituciones y grupos políticos y de presión a sustentarlas.
En este sentido, el beneficio dinerario que ambos monumentos parecen generar podría estar detrás del inopinado interés de la Junta de Andalucía en ellos, o en alguno de ellos; aunque tampoco debemos descartar que las plataformas cívicas y algunos de los partidos políticos implicados en el asunto parecen más inclinados a una ‘expropiación’ en la que cierto anticlericalismo también podría tener algo que ver. Algunas de las posiciones expresadas, como la del grupo Podemos, justifica su propuesta sobre la Giralda en el interés general de que el bien cultural pase de manos privadas a públicas, atendiendo a una pretensión genéricamente más democrática de que la propiedad es mejor pasarla de unas pocas manos a todas. Mecanismo que, en abstracto, no debiera herir a nadie, si esa fuera la política habitual aplicada a todo bien patrimonial, pero que en realidad solo parece articularse ante aquellos bienes sobradamente generadores de ingresos.
Pero conviene atender a otras perspectivas. Así, desde una óptica puramente patrimonial, la gestión de la Iglesia en la mezquita cordobesa y en la Giralda sevillana no puede ser objeto de ninguna crítica específicamente objetiva; ya que, en ambos casos, se han preservado con suficiencia los inmuebles históricos a conservar y se cumple meridianamente la obligación de mantenerlos abiertos al público, como también ocurre con otras muchas colecciones de bienes muebles en manos privadas que, cumpliendo similares requisitos, nadie se atrevería a cuestionar su status.
Tampoco cabría esperarse que la pretendida enajenación vaya a conducir directamente a una apertura gratuita de los espacios arquitectónicos a todo el público, como ventaja social y democrática achacable a un simple cambio de propietarios. Así, no parece igualmente probable que el traspaso de titularidad de los bienes conlleve mejora alguna en la gestión, ni en la oferta social de los mismos. En este sentido, la Alhambra de Granada representa para los sociedad una posibilidad de uso, disfrute y beneficio poco diferente a los que ya se dispone con la mezquita califal y el minarete sevillano bajo sus actuales gestores. Incluso la Junta de Andalucía, a través del Patronato de la Alhambra, tampoco extiende suficientemente las ganancias que se desprenden de su titularidad sobre el monumento nazarita, al negarse sistemáticamente a aceptar fórmulas de coparticipación de ingresos con el Ayuntamiento de Granada, en aras de expandirlos en beneficio más directo de sus ciudadanos más cercanos.
Se entiende que, en época de crisis, es normal que los gobiernos agudicen su ingenio para conseguir medios de financiación que antes no se consideraban por no ser necesarios. Por lo demás, la obligación de conservación de los bienes en manos privadas no ha dejado de cumplirse en estos ejemplos de Córdoba y Sevilla, por lo que la salvaguarda de los mismos y su adecuación a las normas vigentes de las actuales leyes patrimoniales [LPHE (http://www.mcu.es/patrimonio/docs/ley16-1985.pdf) y LPHA (http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/248/1)] se cubre satisfactoriamente en ambos casos, por lo que no habría lugar para argumentos serios -en este sentido- contra sus actuales responsables y titulares del dominio cuestionado.
Desgraciadamente, la gran presión mediática que se ha venido generando con las alusiones a Mezquita y Giralda no ha permitido introducir en el debate la realidad de otros 'patrimonios' que también siguen en manos privadas, pero que no se preservan en absoluto ante su constante deterioro; pero que nadie: instituciones, plataformas ciudadanas, partidos políticos e interesados ocasionales en nuestra herencia cultural, se han preocupado por ellos, ni parece que vayan a hacerlo en un futuro inmediato, tratando de salvarlos del ciclo de destrucción impenitente en que se encuentran.
Podríamos poner muchos ejemplos, pero me son más cercanos aquellos que forman parte de las ruinas histórico-arqueológicas de la antigua Osuna, donde un teatro romano conocido (Ruiz Cecilia, 2008; Ruiz Cecilia y Pachón, 2012) y la mayor parte de su necrópolis rupestre (Pachón y Ruiz Cecilia, 2006), así como la muralla Engel/Paris (Pachón y Ruiz Cecilia, 2005), todas en manos privadas, siguen sin recibir la más mínima atención de unos responsables públicos que, en cambio, sí se muestran enormemente preocupados por aquellas dos joyas monumentales que, pese a quien pese, están bien protegidas y garantizado su futuro en manos de quien todavía hoy detentan su propiedad. Es más, en el mismo caso de Osuna, la cueva sepulcral de la Vía Sacra que sí es de propiedad municipal y está dentro de la zona BIC del yacimiento, sigue totalmente abandonada a su suerte, a punto de un colapso estructural y todo pese a las reiteradas denuncias que se han hecho efectivas ante la administración cultural e incluso desde este blog (http://japr5.blogspot.com.es/2013/05/nuevo-reves-politico-en-la-preservacion.html y http://japr5.blogspot.com.es/2013/01/las-cuevas-de-osuna-y-lo-que-la.html), sin que se reciba ninguna respuesta positiva de los encargados de su custodia efectiva. Responsables que, por otro lado, me consta que estarían encantados de que Mezquita y Giralda pasaran a la gestión directa de sus compañeros de gobierno en las administraciones públicas andaluzas.
3. Detalle actual del estado del teatro romano de Osuna, según http://arqueolugares.blogspot.com.es/2014/11/urso-osuna-romana-sevilla-andalucia-e_8.html
Si la gestión del Estado se ejerciese por igual ante cualquier bien de nuestro patrimonio, nadie objetaría nada ante la petición de traspaso de sus titularidades. Pero, hoy por hoy, ese ejercicio público no está garantizado, por lo que noticias como las que llenan los periódicos sobre este tema estaría más dentro de la demagogia puntual que afecta a la situación política, que en la génesis de una nueva forma más efectiva de preservar la herencia histórico-artística de nuestros antepasados.
Esa preservación sería la única que puede movernos a los patrimonialistas a impulsar los cambios de titularidad de los bienes, y solo en aquellos casos en el que la protección y uso social de los mismos no pueda garantizarse adecuadamente por la propiedad privada. Ya va siendo hora de que la administración pública entienda que la gestión de sus bienes patrimoniales, así como su proyección turística, cultural y educativa, al igual que su protección, supone un volumen importantísimo de puestos de trabajos, pero también de generación de ingresos en beneficio de todos. Lo demás son intereses políticos parciales y demagogias circunstanciales del más diverso espectro, que solo conducirán a mantener la sospecha de que el objetivo perseguido no es la salvaguarda del pasado, sino alcanzar otros intereses economicistas antisociales, o defender ideologías que enmascaran fines aún menos transparentes, como serían diversas intransigencias y una profunda negación de lo diferente.
Pequeña nota bibliográfica
PACHÓN ROMERO, J.A. y RUIZ CECILIA, J.I. (2005): «La muralla Engel/Paris y la necrópolis orientalizante de Osuna». Florentia Iliberritana, 16. Granada, pp. 383-423.
PACHÓN ROMERO y RUIZ CECILIA, J.I. (2006), Las Cuevas de Osuna. Estudio histórico-arqueológico de una necrópolis rupestre de la Antigüedad. Patronato de Arte. Biblioteca de Amigos de los Museos. Osuna.
RUIZ CECILIA, J.I. (2008): «El teatro romano de Osuna: una revisión historiográfica». Bernardes, J.P. (Ed.), Hispania Romana. Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular. Universidad do Algarve, pp. 253-265.
RUIZ CECILIA, J.I. y PACHÓN ROMERO, J.A. (2012): «Jorge Bonsor y el teatro romano de Osuna». Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna, 14, pp. 47-54.
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