UN DESGRACIADO PARALELO PARA LAS CUEVAS DE OSUNA QUE HABRÍA QUE TENER EN CUENTA

1. Cueva de Chaves

La reciente destrucción de una cueva neolítica en Huesca, con su posterior denuncia y condena ejemplar por destrucción patrimonial, seguida de una condena ejemplar de muchos millones de euros, ha sido recogida por la prensa y merece ser recogida en este blog, por las concomitancias que el caso pudiera tener con el permanente atentado, destrucción y deterioro patrimonial que siguen sufriendo las Cuevas de Osuna. Para ilustrar este nueva publicación, recojo la noticia dada a conocer por el diario ABC: http://www.abc.es/espana/aragon/abci-comedero-cabras-espana-fulmino-51-millones-euros-201801200106_noticia.html#ns_campaign=rrss&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=cm-general&ns_fee=0&voctype=vocfbads

El comedero de cabras en el que España fulminó 51 millones de euros

Diez años después de la destrucción de una joya española del Neolítico, la Administración aún no ha saldado cuentas

En octubre de 2007, España perdió una de sus joyas prehistóricas, la Cueva de Chaves, en Bastarás (Huesca), en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. No fue una pérdida accidental, no fue fruto de un desastre natural o inevitable. Fue decisión del dueño de la finca, que decidió convertir aquel enclave del Neolítico en un refugio para que comieran y bebieran las cabras que poblaban el terreno, explotado como zona privada de caza.

Diez años después, la Administración aún no ha saldado cuentas. La situación es paradójica porque, en realidad, la Administración también tuvo su parte de culpa en aquel desastre. No por acción, sino por dejadez. Lo dijo con nitidez la sentencia de primera instancia que hace escasos días ha ratificado, en apelación, la Audencia de Huesca.

Aquella sentencia apuntó directamente contra la Diputación General de Aragón (Gobierno regional), a la que reprochó su «inactividad» en la acción de salvaguarda que le correspondía «como institución competente para la conservación y protección del patrimonio histórico aragonés». Y remarcaba, además, que también fue «censurable la nula labor inspectora o de vigilancia del yacimiento que venía realizando la Administración autonómica (...), sin que resulte de excusa su ubicación en una finca de propiedad privada».

Por eso, por aquella dejadez, la Justicia no condenó al dueño de la finca a pagar ínteigramente los 51 millones de euros en que se calculó el patrimonio destrozado. La sentencia dijo que a él le correspondía abonar la mitad, y que la otra mitad se daba por saldada por ser la parte achacable a la Administración regional.

Sentencia definitiva y cobro pendiente

Ahora, al haber quedado definitivamente sentenciado el caso en segunda instancia, toca liquidar lo ocurrido. Pero, hasta la fecha, nada se sabe. Tras la primera sentencia, el Gobierno aragonés ya podía haber reclamado a la parte condenada el abono de las cantidades, la ejecución provisional del fallo. Fuentes del Ejecutivo autónomo, sin embargo, han reconocido que al responsable no se le ha cobrado ni un euro hasta la fecha. Y no se ha aclarado qué pasos piensa seguir a partir de ahora la Administración aragonesa para hacer efectivo el cobro de la indemnización, toda vez que ya hay una sentencia definitiva y que el caso ha quedado totalmente zanjado en los tribunales.

El condenado a pagar por este caso es el empresario leonés Victorino Alonso, conocido como el «rey del carbón» por sus empresas mineras. Era el dueño de la empresa que se quedó con la finca en la que estaba la Cueva de Chaves, y el que la Justicia considera responsable de haber dado la orden de triturar el subsuelo de esa cueva del Neolítico, allanarla y habilitar en su interior un comedero y un abrevadero para las cabras que pululaban por aquellos parajes.

Victorino Alonso -o en su defecto la empresa Fimbas S.A., de su propiedad- deberá indemnizar a Aragón -en la figura de su Administración autonómica- con el abono de 25,49 millones de euros. Queda por ver cómo se articula el trámite al respecto y cómo, en su caso, lo hace valer la Administración regional.

Poner precio al subsuelo arqueológico

Y, ¿cómo se le pone precio a un yacimiento arqueológico? No es tarea sencilla, pero la Justicia, en este caso, lo calculó a partir de la opinión de expertos. La tonelada de sedimentos arqueológicos que fueron destrozados por las excavadoras dentro de la cueva se valoraron al céntimo: 14.311.640,86 euros. Y a esa cifra se le sumó «el perjuicio total ocasionado por las obras, teniendo en cuenta no solo el valor de los sedimentos arqueológicos dañados, sino también el coste de infromación perdida, el coste de actuaciones de reparación o restauración y el índice de sensibilidad del bien afectado». Y de ahí salió la cuenta total de lo perdido: 50.981.610 euros.

A partir de ahí, a repartir culpas: la mitad, a cargo de Victorino Alonso; la otra mitad, culpa del Gobierno aragonés. Pero como la Administración autonómica, en este caso, era a la vez culpable y damnificada, su parte se dio por saldada y ahora le toca cobrarse la otra mitad, la que debe pagar Victorino Alonso, esos 25,49 millones de euros.

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Tan lamentable suceso debiera indicarnos el camino que no habría que seguirse en situaciones patrimoniales semejantes, en las que la impunidad parece ser la única realidad existente. Nos estamos refiriendo a las Cuevas de Osuna, a las que ya hemos dedicado en este mismo blog varias entradas (http://japr5.blogspot.com.es/2013/05/nuevo-reves-politico-en-la-preservacion.html), (http://japr5.blogspot.com.es/2013/01/las-cuevas-de-osuna-y-lo-que-la.html) y a las que tendríamos que añadir el estudio que directamente publicamos sobre este importante vestigio patrimonial, incidiendo en la lamentable situación de conservación en que se encontraba este bien protegido ya en el año 2006.

2. Portada de nuestro libro sobre las Cuevas de Osuna

El contencioso de Las Cuevas es arduo, porque ha acabado representando una especie de bien patrimonial esquizoide en el que se cuida, con sus peros, la mitad de lo conservado (aquello que está bajo dominio público), mientras se abandona a su suerte todo aquello que queda bajo propiedad privada. Precisamente es en este segundo espacio, donde no puede hacerse irrenunciable las responsabilidades inherentes a la administración pública, en lo que se refiere a guardia y custodia de los bienes patrimoniales, hasta el punto de que los atentados que el dueño del bien pueda haber venido cometiendo en los bienes bajo su dominio, acabarán repercutiendo en la responsabilidad directa de aquella administración que no demuestre su celo en la vigilancia debida, ni denuncie las tropelías patrimoniales cometidas, que en estas Cuevas han sido muchas y parecen competir al vaciado del relleno de las mismas, la pérdida de masa pétrea de las cubiertas, el riesgo de hundimiento de las bóvedas por acumulación de peso en las mismas y la desaparición de los vestigios de pinturas murales de sus interiores por acción antrópica y por usarse los hipogeos como aprisco para el ganado.

3. Osuna: La Cueva del Caracol en los años setenta del pasado siglo (izquierda) y en su contexto ovicaprino actual.

Por menos que todo eso, en la Cueva de Huesca se ha impuesto una condena económica de 50 millones de euros, pagaderas a partes iguales entre el autor de la comisión del delito y la administración aragonesa que estuvo mirando para otro lado. No demos lugar a que en en Osuna acabe pasando lo mismo, aún estamos a tiempo.