CAMBIOS EN LA NECRÓPOLIS RECIÉN DESCUBIERTA EN OSUNA, SEVILLA

 

1. Panorámica general del espacio municipal donde se han producido los hallazgos

¿ADIÓS A LA NECRÓPOLIS FENICIO-PÚNICA DE OSUNA?

(POR UNA MESA DE DEBATE HACIA SU RECUPERACIÓN DEFINITIVA)

Juan A. Pachón Romero

2. Mesa redonda. A partir de un original de la UPNA (Universidad Popular de Navarra).

    Fue bonito mientras duró. Nunca nuestra hermosa villa había vivido en tiempos recientes un revuelo tan ilusionante, apasionado y reconfortante, que pareciera querer devolvernos a lo que supuso la conmoción del hallazgo de las leyes municipales (Bronces de Osuna) en el siglo XIX o los hallazgos de las esculturas ‘ibéricas’ en la primera década del siglo XX. Después de mucho tiempo, se estaba viviendo un sueño: el de que, tras años y años de historia negra de la arqueología furtiva, algo parecía estar cambiando. Aquella fue una horrible época en la que Osuna encabezaba un ranking desgraciado de mala praxis y de paradigma de centro comercial para el mercadeo ilegal de antigüedades; también de abandono del patrimonio arqueológico a su suerte, sin el amparo suficiente de las administraciones competentes. Una suerte de maldición aceptada por todos y solo denunciada por algunos, pero inamovible en su negativa situación, al menos, para los bienes patrimoniales más antiguos de nuestro pentamilenario municipio.

El descubrimiento de la espectacular necrópolis de tumbas excavadas en el suelo rocoso de arenisca miocénica, característica  del sustrato geológico que conforma las alturas donde se asentaron de manera sucesiva las diferentes sociedades que nos precedieron, estaba resultando un hallazgo notable y continuamente destacado en la prensa de toda condición y origen, en parte como algo inédito, en cierta medida excepcional, en otras derivadas sorprendente y muchos más epítetos rimbombantes. Tan exagerada calificación de lo excavado había suscitado, en quienes nos movemos de una manera algo más habitual en el mundo de la arqueología, una actitud más moderada  (http://japr5.blogspot.com/2022/05/algunas-puntualizaciones-sobre-la-nueva.html), en la que las expectativas se habían centrado en la sorpresiva localización de la nueva necrópolis, debajo de la zona urbana de la colonia romana. Además de una tensa expectación, a la espera de que un hallazgo contextualizado pudiera indicarnos realmente en qué época se usaron esos espacios funerarios, para así dilucidar objetivamente si respondieron a expresiones culturales locales como las de nuestros tartesios y turdetanos, más bien que a materializaciones foráneas de fenicios o púnicos.

Pero, ahora, de una manera más que sorpresiva, nos hemos encontrado desde hace unos días con la repentina bajada del suflé, debida a la decisión de los responsables directos de la excavación de clausurar la intervención arqueológica que había alumbrado la necrópolis. Todo, con la aquiescencia del departamento de Cultura de la Junta de Andalucía, una vez que este último había ya determinado la imposibilidad de seguir construyendo en ese sitio el depósito de aguas proyectado por el Consorcio de Aguas Plan Écija, que financiaba la Consejería de Agricultura andaluza, pero que presidía la vigente regidora del municipio de Osuna.

Ante la nueva realidad suscitada, nuestra primera conclusión es considerar que el ambicioso proyecto hídrico y sus consecuencias patrimoniales se encuentra trufado de intereses políticos opuestos que no han tardado en manifestarse con sus más negras proyecciones. Así, a nadie escapa que el signo ideológico de la actual dirección del Consorcio es contrapuesto al que anima a las consejerías del ente autónomo andaluz que se han visto implicadas en el proyecto: Agricultura como financiadora y Cultura como garante de las implicaciones patrimoniales. Ante estas distancias políticas que no hace falta detallar, tampoco es baladí que la finalización abrupta de las excavaciones haya hecho saltar el enfrentamiento dialéctico de los representantes de unos y otros organismos implicados que ya venían actuando juntos, aunque bajo una entente cordial muy débilmente asentada.

Creemos firmemente que resultaría del todo estéril debatir aquí sobre la culpabilidad que pudiera achacarse a cualquiera de las facciones implicadas en la nueva situación, porque sería casi imposible declarar inocente a ninguno de sus partícipes. La situación que arrostramos es que la nueva necrópolis de Osuna se enfrenta a una excavación sin ultimar, en la que se ha dado una evidente dejación de funciones por una de las partes, que no sé si tendríamos mejor que calificar de abandono de obligaciones. Mientras que la otra parte se ha asentado en una posición de rotunda denuncia del contrario, pero sin ofrecer siquiera cualquier posible solución ante el abandono de la actividad arqueológica en ese espacio patrimonial tan trascendental (https://www.elpespunte.es/rifirrafe-a-causa-del-nuevo-yacimiento-arqueologico-de-osuna/).

Las dos partes, por otro lado, solo prometen vagas actuaciones posteriores para el debido conocimiento de la historia antigua del lugar y para la ampliación de la recuperación de los bienes patrimoniales inmuebles de tan señalado descubrimiento arqueológico dentro del BIC, que por su propia catalogación exige del mayor de los esfuerzos para su estudio, recuperación y conservación apropiados. Una indefinida compensación futura que no explica que unos hayan paralizado la investigación para quizás reanudarla después, pero tampoco que la otra parte –propietaria única del espacio investigado– haya hecho todo lo legalmente posible para tratar de  impedirlo. 

Nuestra posición ante estos enfrentamientos y contradicciones es la exclusiva defensa patrimonial, por lo que todos y cada uno de los organismos implicados en esta novelesca historia de pasión y desafección culturales tienen parte importante de culpa en la nueva situación que se abre ahora, en un aspecto tan concreto de la arqueología de Osuna. Por ello, analizaremos sintéticamente las actitudes inapropiadas que pueden apreciarse en las decisiones y posicionamientos que han provocado las actuaciones de cada uno de ellos.

3. Una de las estructuras excavadas en la roca halladas en la necrópolis.

La crítica debe iniciarse con la Consejería de Agricultura, porque su negativa para la continuidad de los trabajos se sustenta en una apreciación meramente economicista, pese a que ya esté aprobado un fondo presupuestario para actividades arqueológicas en el proyecto del Consorcio, dentro de una financiación europea con montante general de 57 millones de euros. Esto contempla sufragar aquellas actividades programadas, contando imprevistos, lo que es tan insignificante que resulta ridículo retirar dicha partida económica en una fase tan avanzada de las actuaciones. Todo, sin considerar que la consecuencia va a ser mucho más lesiva por el abandono de un espacio patrimonial único, que más difícilmente encontrará ahora una solución diferente de investigación y preservación tan directa y automática como la que han contribuido a desperdiciar los responsables de su departamento.

Respecto de la Consejería de Cultura, aún resulta más chocante comprender la situación a la que se ha llegado, considerando los elevados objetivos patrimoniales que debieran perseguirse desde sus sesudos departamentos. El apoyo a Agricultura ha sido claro, no dejando opción a la continuidad inmediata de la excavación, ante lo que las excusas esgrimidas no alcanzan un apoyo del todo objetivo. La paralización de la actividad, como garante de la consecución de unas mejores condiciones de investigación patrimonial del sitio, es un argumento artero, porque no sería la primera vez que la transformación de los parámetros necesarios en la adecuación de una intervención arqueológica se hace sobre la marcha, al tiempo que se sigue trabajando, ampliando e incluso transformando el tipo legal del permiso inicial de dicha intervención y de los equipos científicos implicados. En este último caso, ni siquiera la imposibilidad de afrontar el incremento del gasto generado debería argüirse, porque el generoso presupuesto del proyecto hídrico tendría capacidad de cubrirlo y, en todo caso, la prolongación cronológica de los trabajos daría tiempo para encontrar otras alternativas financieras complementarias. Por no hablar del exceso de celo que ahora tratan de manifestar, mientras no parecía tenerse en lo más mínimo cuando se permitió una obra de esta envergadura en un espacio declarado BIC hace tiempo y afecto a las importantes cautelas que su consideración contempla. 

En último término, respecto del Ayuntamiento, aunque la postura de la corporación municipal puede acabar pareciendo lógica, su representante electa no debería haber centrado su rechazo en la directa oposición a la decisión tomada por sus oponentes políticos de la Junta de Andalucía. Así, solo consigue instalarse en un único plano, el de la confrontación, olvidándose precisamente de aquello de lo que indirectamente se lamenta que es el patrimonio. Son muchos los ayuntamientos andaluces que han tomado partido por la defensa de los bienes culturales, concertando convenios de colaboración en esta materia con instituciones científicas, la propia Consejería de Cultura y colaborando con financiación propia y de las Diputaciones Provinciales. Precisamente, es en eso en lo que el Consistorio de Osuna debería estar ahora, sentado con los organismos competentes para buscar la única solución posible que es la continuidad de los trabajos arqueológicos, pero comprometiendo activamente su participación en los mismos, consensuando un acuerdo beneficioso para la necrópolis y dejando de repartir responsabilidades e irresponsabilidades culposas entre los otros. 

4. Vista parcial con algunas de las estructuras excavadas.

  Aunque también puede que haya faltado entre todos la comunicación exigible. La Junta quizás haya tomado una decisión precipitada sin contactar siquiera con el propietario del terreno en el que se actuaba, mientras que el Ayuntamiento tampoco sabemos si consultó con la administración para pedir las explicaciones pertinentes, antes de denunciar lo sucedido a la prensa. Parece razonable que, si quisieran tenerse los encuentros que debieran entre todos los organismos implicados, hubiese sido imprescindible tener abierta una vía de comunicación efectiva entre ellos, con un trasvase de información suficientemente fluida en ambos sentidos, como no parece haberse producido y debe exigirse entre administraciones. Es probable, igualmente, que hoy no estaríamos así, si desde un principio se hubiese pensado en otro sitio fuera del BIC para la ubicación del depósito, pero en esto ni Ayuntamiento ni Junta parecen haber tenido la más mínima sensibilidad para evitarlo. Claro, de haberse producido, tampoco sabríamos hoy lo que hemos empezado a conocer en esta parte del yacimiento, aunque ello no exima de la falta de previsión y celo patrimonial debidos por parte de ambas entidades.

Aunque también puede que haya faltado entre todos la comunicación exigible. La Junta quizás haya tomado una decisión precipitada sin contactar siquiera con el propietario del terreno en el que se actuaba, mientras que el Ayuntamiento tampoco parece haber consultado lo suficiente con la administración para pedir las explicaciones pertinentes, antes de denunciar lo sucedido en la prensa. Parece razonable que, si quisieran tenerse los encuentros que debieran entre todos los organismos implicados, hubiese sido imprescindible tener abierta una vía de comunicación efectiva entre ellos, con un trasvase de información suficientemente fluida en ambos sentidos, como no parece haberse dado y como debe exigirse entre administraciones. Es probable, igualmente, que hoy no estaríamos así, si desde un principio se hubiese pensado en otro sitio fuera del BIC para la ubicación del depósito, pero en esto ni Ayuntamiento ni Junta habrían tenido la más mínima sensibilidad para evitarlo. Claro que, de haberse producido, tampoco sabríamos hoy lo que hemos empezado a conocer en esta parte del yacimiento, aunque ello no exima de la falta de previsión y custodia patrimonial debidos por parte de ambas entidades.

Con independencia de todas estas reflexiones, tampoco los demás debemos permanecer pasivos, como simples espectadores, ante el riesgo de que la necrópolis acabe quedando en el más absoluto de los olvidos, sino que tenemos que adoptar una posición positiva que ayude a la reconducción de la situación y a alcanzar la mejor solución de las posibles. Como interesados, estudiosos, profesionales de la historia y la arqueología, simples ciudadanos, miembros de asociaciones culturales locales o no, etc., cabría proponer una actividad inmediata que facilite una salida con que satisfacer a todos y volver a colocar en su sitio el hallazgo patrimonial que estamos considerando. Se trataría de una mesa de debate sin afecciones ideológicas, pero con participación de arqueólogos, técnicos patrimoniales, miembros de equipos de investigación, representantes de asociaciones civiles y de la administración, para limar diferencias y alcanzar acuerdos. Así podríamos tratar de despejar un camino que culmine en la definitiva investigación de los espacios funerarios descubiertos, su análisis profundo y su apropiado estudio, junto con su recuperación, puesta en valor y reversión a la sociedad para su disfrute público. En definitiva, que la protección de los bienes culturales acaben siendo lo único que nos mueva, lejos de enfrentamientos interesados entre políticas partidistas y personales, que siempre están al margen de lo que debiera ser la única prioridad pública: la defensa activa del patrimonio histórico común.

Granada, 13 de mayo. 2022