PRESIÓN PERIURBANA SOBRE EL CERRO DE LOS INFANTES: UNA AGRESIÓN QUE NO CESA

1. Vista del techo (Cerro Corona) de los Infantes desde la carretera de Moclín.

El yacimiento granadino de Cerro de los Infantes, Pinos Puente, fue declarado BIC en 2003 (http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/02/pdfs/A43160-43163.pdf), iniciando el proceso legal de su conservación patrimonial. La nueva situación, entendíamos garantizaba que no se repitiesen anteriores desmanes que habían afectado a la desaparición del túmulo protohistórico que nosotros mismos habíamos dado a conocer, o el interesante horno de la misma época excavado por un equipo del Museo Arqueológico y de la Universidad de Granada.

2. Delimitación del BIC de Cerro de los Infantes. El círculo rojo indica la mayor altura del yacimiento (Cerro Corona), mientras que la estrella señala donde se ha situado la empresa de grúas y la casa sobre el túmulo. 

Ambas referencias patrimoniales habían desaparecido por la respectiva construcción de una casa de recreo a la derecha de la sede de Grúas Los Infantes SL (Figs. 3 y 4: 1), al oeste del yacimiento y por las labores de acondicionamiento para la construcción de una sala de fiestas en el extremo suroeste del mismo, unos años antes (Figs. 3, 4: 4 y 5). Por lo que la aparición del nuevo BIC parecía salvaguardar el antiguo yacimiento, sin el riesgo de futuras agresiones sobre el mismo. En realidad, analizando la imagen anterior se observa cómo el BIC quedaría incluido dentro de la línea continua que aparece en el plano, mientras que la discontinua encerraría el espacio propio del entorno del BIC, que también tendría que acogerse a una especial vigilancia arqueológica. Así, de los tres elementos que aquí consideramos, solo la sala de fiesta quedaría dentro de pleno derecho en el espacio declarado BIC; aunque ello no justifica la nula atención patrimonial que se ha dedicado a su perímetro más cercano. 

3. Vista general de Cerro de los Infates con indicación de tres de las cuatro grandes agresiones patrimoniales sufridas. (A partir de Google Earth).

4. Vista aérea del yacimiento indicando la casa sobre el túmulo (1), Grúas Infantes (2), el espacio abierto por la cantera (3) y la parcela de la discoteca (4).  (A partir de http://www.ign.es/iberpix2/visor/PrintDocument.aspx?file=DmPdf_0.pdf).

5. Discoteca, en el flanco suroeste del Cerro de os Infantes, con el escalón y la nivelación que hubo de hacerse sobre rellenos arqueológicos. Al fondo a la izquierda, Cerro Corona. (A partir de Google Earth).

Desgraciadamente, al año siguiente de aquella declaración BIC, aunque en su entorno más inmediato de especial protección, ya se había destinado una parcela entre el poblado y el túmulo desaparecido para el almacenamiento y distribución de áridos, lo que sin ser grave, ni afectar sustancialmente a las posibles infraestructuras de un espacio que se venía interpretando como una de las necrópolis de la antigua ciudad de Ilurco, convertía en suelo disponible esa parcela para posteriores usos de efecto antipatrimonial menos previsibles y controlables.

Esa utilización del suelo se apreciaba gráficamente en las fotos aéreas que recogía Google Earth en vistas de esa época, en fechas próximas y en torno al año 2004 (Fig. 4, nº 2). Pero, cinco años después, se aprobó la radicación en el lugar de la empresa constructora llamada ‘Grúas Cerro de los Infantes, SL’

 (http://www.empresasnuevas.es/es/directory/details/pinos-puente/gruas-el-cerro-de-los-infantes-sl.html) 

que –a día de hoy– ha transformado mucho más su espacio de ubicación, levantando algunas estructuras más permanentes, que pueden apreciarse en la siguiente imagen de Google que data de julio de 2011, sin que sepamos si contaron con los necesarios permisos legales de erección, así como si aquellos trabajos de adaptación se realizaron tras las preventivas y obligadas labores arqueológicas de urgencia que debieron, en su caso, realizarse par obtener las autorizaciones pertinentes de uso y adecuación del espacio industrial a ocupar. Según nuestros datos, la pericia arqueológica no se realizó nunca, pese a estar ya declarado el BIC, por lo que se trata de una actividad industrial, localizada según todos los indicios sin todos los parabienes legales.

6. Grúas Cerro de Los Infantes, SL. Detalle del aterrazamiento y la situación de los distintos cobertizos apoyados en cimentaciones de hormigón sobre la necrópolis occidental del Cerro de los Infantes. (A Partir de Google Earth).

El Ayuntamiento de Pinos Puente, no se ha caracterizado nunca por su interés en este yacimiento de Cerro de los Infantes, ya que incluso permitió hace algunos años la excavación de una cantera de áridos a los pies del yacimiento (Figs. 3 y 4: 3), dentro de lo que luego sería BIC, para la aportación de tierras que se utilizaron en la construcción de varios pasos elevados sobre el ferrocaril a lo largo del término municipal, por no recordar la autorización para levantar la casa rural que dio al traste con el túmulo protohistórico de la necrópolis oriental del lugar. Por ello, pese a que en estos momentos tampoco la situación económica justificaría el cierre cautelar de la empresa, el consistorio de Pinos Puente sí podría canjear favorablemente la ubicación de la misma con alguna de las parcelas del Polígono Industrial La Molaina, que gestiona directamente ese mismo ayuntamiento y en el que aún quedan bastantes parcelas libres (http://www.sueloindustrialgranada.com/Ficha.aspx?id=49), con lo que podría subsanarse parcialmente el entuerto producido y transmitir la imagen pública de cómo deben gestionarse los espacios patrimoniales y la responsabilidad que tienen los municipios en su salvaguarda.

7. Otra vista de Cerro de los Infantes, desde el noroeste (A partir de Google Earth).

No es la primera vez que nos referimos en este blog al Cerro de los Infantes. Ya lo hicimos en septiembre de 2010 (http://japr5.blogspot.com.es/2010/09/localizada-la-construccion-romana-de.html) y en mayo de 2009 (http://japr5.blogspot.com.es/2009/05/anos-despues-de-la-destrucion-del.html), haciendo hincapié en la destrucción del túmulo ya referido, así como en la localización de las construcciones que Heylan recogiese en un grabado del siglo XVII y que hoy, de nuevo gracias a Google y a las planeras del Instituto Geográfico Nacional, podemos magnificar aún más, comprobando la monumentalidad de lo conservado y la necesidad de su futura patrimonialización, denunciando cualquier acción ilegal que se haya realizado en el yacimiento, o que se pueda llevar a cabo en un futuro, como único modo de preservar uno de los vestigios romanos arquitectónicos de mayor carácter monumental que aún subsiste de tiempos de la Bética romana en toda la Andalucía Oriental, por lo que todavía podría recuperarse para su disfrute social en la posteridad.

8. Cerro de los Infantes. (De arriba abajo): estructura romana de Heylan, estado actual desde el norte y vista aérea de la misma construcción. El flanco norte queda en la parte superior.

     Siempre, por supuesto, que puedan corregirse las irregularidades como las que hemos mostrado aquí. Para ello, dado el interés de algunos de los hallazgos conocidos del entorno inmediato del BIC, quizás fuese también conveniente la ampliación del espacio mejor protegido, ampliar el BIC y garantizar definitivamente la salvaguarda integral del yacimiento localizado en el Cerro de los Infantes. 

NECRÓPOLIS DE CUEVAS ARTIFICIALES DE MONTE BAJO (ALCALÁ DE LOS GAZULES, CÁDIZ): Consideraciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo

Una de las tumbas de la necrópolis, durante el proceso de excavación (según M. Lazarich et al., 2009) _____________________________________________________________________________

Según recoge EL MUNDO: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/01/andalucia/1335865628.html

Obligan a la Junta a pagar a los descubridores de una necrópolis con el valor total del yacimiento

• Una pareja recibirá 7.900 euros por el hallazgo de restos de una necrópolis
• Según la Ley de Patrimonio, tenía derecho a la mitad del valor del hallazgo
• La Junta sólo quería pagarles por las piezas que el matrimonio encontró

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Junta de Andalucía contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad queordenó premiar a los descubridores de los restos arqueológicos del Paraje de Monte Bajo en Cádiz por el valor total de la necrópolis, y no sólo de los fragmentos hallados.

Según la Ley de Patrimonio Histórico, el descubridor y el propietario del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales.

El caso de Diego Gil Birues de Segovia y Manuela Lago López se remonta a 2004, cuando este matrimonio encontró varios restos óseos y fragmentos de cerámica procedentes de una sepultura en el término municipal de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Tras comunicar su descubrimiento a las autoridades, el personal técnico que se trasladó a la zona "comprobó la existencia de estructuras excavadas en el terreno natural, así como ostostratos que podrían configurar dólmenes de pequeño y mediano tamaño y por tanto estructuras funerarias artificiales".

Intervención arqueológica

Su hallazgo desencadenó una intervención arqueológica, dando lugar finalmente a la localización de otras sepulturas y al descubrimiento de la Necrópolis del Paraje del Monte Bajo con restos funerarios de hace más de 5.000 años, que constituye uno de los yacimientos más importantes de la provincia.

Todo esto lo reconoció en 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una sentencia en la que estableció que el premio que correspondía al matrimonio debía ser cuantificado en función de la valoración total del patrimonio hallado, que fue tasado en 15.800 euros.

Sin embargo, la Junta de Andalucía recurrió esta sentencia al considerar que el premio en metálico que la ley concede al descubridor debía calcularse tomando en cuenta sólo el valor de los restos y fragmentos hallados por el matrimonio.

El Supremo, no obstante, indica que en el caso del yacimiento de Monte Bajo, "lo hallado inicialmente no es un todo en sí mismo, que como tal pueda separarse e individualizarse del resto de lo luego localizado", sino que "el hallazgo inicial fue la causa desencadenante de la localización del todo".

El precedente de Carranque, en Toledo

Así, recuerda la decisión que el TS adoptó en 1992 en relación a la villa romana de Carranque (Toledo), descubierta tras el hallazgo de un pastor que encontró parte de un mosaico romano del siglo IV d.C.

El Supremo rechazó entonces que en la indemnización al descubridor se tuviera en cuenta únicamente el mosaico hallado en primer lugar y decidió que, a los efectos de calcular el premio, la base de la tasación debía ser el valor del conjunto de los mosaicos descubiertos.

Ese mismo criterio emplea ahora el Supremo para señalar que la indemnización que deben recibir los descubridores del Paraje de Monte Bajo, como también estableció el TSJA, sería la mitad de la valoración total del conjunto arqueológico, es decir, 7.900 euros.

La sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, concluye que esa recompensa "no comporta un enriquecimiento injusto para el descubridor, pues el premio en metálico de este tiene por causa y como contrapartida el enriquecimiento del Patrimonio Histórico logrado también con su hallazgo".

_________________________________________________________________________________

Vaso campaniforme del ajuar de una de las tumbas de Monte Bajo (según M. Lazarich et al., 2009)

Esta necrópolis lleva excavándose varios años, habiéndose publicado algunos avances científicos sobre la misma, como el que recogemos en el siguiente enlace, que se dio a conocer en la revista Almoraima [(nº 39, 2009) ( http://212.170.242.245/IECG/doc/revistas/06_MLAZARICH.pdf ), evidenciando un espacio funerario de gran interés, que conocemos en otros sitios andaluces como Sierra Martilla (Loja) y que investigamos directamente tiempo atrás.

Pero no queremos hablar ahora de la trascendencia del hallazgo, sino debatir sobre alguna de las consideraciones que, a nuestro entender, suscita la reciente sentencia del Tribunal Supremo, al obligar a la Junta de Andalucía a abonar una cantidad en metálico a los descubridores del cementerio prehistórico. En principio, tampoco pretendemos entrar en la jurisprudencia de la sentencia, que parece atenerse escrupulosamente a la normativa vigente en cuestión de temas patrimoniales. En realidad, nuestra intención es puntualizar precisamente en ese dato de la 'gratificación' nornativa para los descubridores y dueños de los terrenos donde se produzcan hallazgos relevantes, desde el punto de vista patrimonial.

Esta casuística no es algo nuevo de la actual Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE), sino que viene heredada de la legislación pre-democrática, donde su existencia tenía cierta lógica. Veamos: al no considerarse, como ahora, propiedad del estado todos los bienes patrimoniales en cualquier circunstancia, incluidos los encontrados superficialmente, se reconocía el derecho de compensación económica para cualquier hallazgo casual, tanto para el descubridor como para el dueño del terreno. Situación que trataba de evitar, más que el expolio de dichos bienes, el acaparamiento de los mismos por parte de los particulares, atribuyéndoles un valor material que compensara las ocultaciones ilegales e hiciera desistir de la venta a terceros, incluso en el extranjero.

Hoy, regulada la exclusiva propiedad estatal de todo lo recuperado, mantener esa remuneración económica se nos antoja injusta, porque las consecuencias penales que conlleva la apropiación indebida de los mismos ya debería ser suficiente advertencia para evitar la mayor parte de las posibles infracciones. En cualquier caso el gasto que las instituciones debieran hacer, tendrían que ir dirigidas mejor a la prevención, control del mercado de antigüedades y colaboración internacional para perseguir los delitos patrimoniales de exportación ilegal.

Pero, además, perpetuar esas compensaciones económicas lo único que hace es transmitir a la sociedad la idea del 'valor' que pueden tener los bienes patrimoniales y de su factible conversión en dinero constante y sonante. Un hecho que lo único que puede provocar es incrementar el generalizado interés crematístico por los vestigios materiales de nuestro pasado y aumentar, paralelamente, las peticiones de satisfacción económica ante cualquier hallazgo. Recuperaciones que, en circunstancias normales, podrían pasar a manos del Estado, sin necesidad de convertirse en una carga onerosa para la administración cultural. Incluso, si se extiende esta valoración material de nuestro patrimonio, los poseedores de bienes patrimoniales podrían hacer valer esa estimación económica de lo que tienen para comerciar ilegalmente con los mismos, tratando de obtener una mayor asignación que las que normalmente peritan los gobiernos.

Por todo ello, aprovechando la retracción presupuestaria que se nos avecina, no estaría de más que la clase política retocase la legislación patrimonial, suprimiese esas compensaciones y tratase de acomodar esas particularidades a las exigencias de los tiempos actuales para evitar, en todo caso, la posibilidad perversa que aquí hemos tratado de apuntar.

LOS BLOGS DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA RECOGEN LA PÉSIMA SITUACIÓN DE LA DISCIPLINA A CAUSA DE LA CRISIS

La situación a que nos aboca esta crisis está multiplicando las manifestaciones críticas en torno a la problemática que viven los grupos de investigación en general, y de arqueología en particular, a merced de unos recortes presupuestarios que están reduciendo esta actividad a mínimos desconocidos desde hace muchos años.

Así, recogemos parte de las noticias que se han publicitado en Paleorama en Red. Prehistoria y Arqueología en Internet, como incluimos literalmente más abajo, a partir de dos noticias publicadas en ese blog. La primera de ellas la tomamos del siguiente enlace:

http://paleorama.wordpress.com/2012/04/30/y-que-pasa-con-la-investigacion-en-tiempo-de-crisis/

ARQUEOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA Y CRISIS, CÁDIZ, CRISIS, JOSÉ RAMOS MUÑOZ

¿Y qué pasa con la investigación en tiempo de crisis?

In Andalucía, B-Denuncias, b. Arqueología on abril 30, 2012 at 01:53

El catedrático de Prehistoria José Ramos, que se define como un veterano investigador, lamenta estar viviendo “una situación que nos retrotrae a momentos de hace más de 20 años. En España se estaba consiguiendo una normalidad científica e investigadora, con reconocimiento internacional, en algunas áreas, en concreto en mi campo de Arqueología Prehistórica.

Varios responsables de grupos de investigación de la Universidad de Cádiz explican sus circunstancias puntuales y cómo les está afectando la crisis y la supresión de ayudas económicas estatales y autonómicas.

 Estos días se está hablando mucho de las universidades públicas españolas con motivo de las medidas de ajuste que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy. El real decreto ley ya publicado, relativo al aumento de tasas de matrícula universitaria, al régimen de dedicación del profesorado y al procedimiento de creación, modificación y supresión de centros académicos y títulos de enseñanzas superiores está siendo debatido por distintos sectores de la enseñanza superior, así como por progenitores y estudiantes.

 Se ha recortado un 62,5% del presupuesto para estas instituciones académicas y un 11,6% las becas a estudiantes. Se ha dado luz verde a la subida de los precios de las tasas de matriculación, por lo que cada alumno podrá pagar hasta 540 euros más por la primera matrícula universitaria, a razón de 60 euros al mes. Y también se ha establecido el incremento en el resto de las tasas, que se refieren a las segundas, terceras y cuartas matrículas en un 40%, 75% y 100% de subida respectivamente. Además, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ha resaltado que el real decreto ley afecta de lleno al profesorado, porque “ven reducidas sus condiciones laborales y modificado unilateralmente el régimen de dedicación”.

 Opiniones, quejas, advertencias, reflexiones… pero entre tantas palabras suena poco una: investigación. Apenas se está hablando de cómo perjudican todos estos cambios -y la falta de recursos económicos – en la labor investigadora que se desarrolla en las universidades públicas españolas.

 Es por ello que Diario de Cádiz ha preguntado sobre este asunto a responsables de varios proyectos de investigación de la Universidad de Cádiz, y lo primero que sale a flote es que el Gobierno central ha suprimido la convocatoria de proyectos de la AECID-Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, y la Junta de Andalucía ha parado la ayuda a los grupos de investigación del Plan Andaluz de Investigación (Grupos PAI).

 La eliminación de los proyectos de la AECID repercute directamente en la línea de investigación de varios grupos de la UCA. Entre ellos, el que dirige el catedrático de Prehistoria José Ramos, El Círculo del Estrecho, Estudio Arqueológico y Arqueométrico de las Sociedades desde la Prehistoria a la Antigüedad Tardía. A este equipo le afecta principalmente en la línea de colaboración que mantiene con la Universidad Abdelmalek Essaâdi y el Museo Tetuán, en trabajos de estudio de las sociedades prehistóricas y de la Arqueología de la región histórica del Estrecho de Gibraltar. Esto, explica Ramos, representa una situación “insostenible” para “jóvenes doctores que aspiran a poder consolidar su formación en becas I+D en estancias en el extranjero”. “Tenemos los contactos en varias universidades, pero falta la convocatoria”, añade.

 Y con respecto a la paralización de ayuda de la Administración andaluza, el investigador augura que ello generará un “estancamiento de la actividad cotidiana, actualmente en condiciones muy duras”.

 José Ramos, que se define como un veterano investigador, lamenta estar viviendo “una situación que nos retrotrae a momentos de hace más de 20 años. En España se estaba consiguiendo una normalidad científica e investigadora, con reconocimiento internacional, en algunas áreas, en concreto en mi campo de Arqueología Prehistórica. Con este panorama, si no hay dinero para investigar, si los jóvenes investigadores no pueden obtener becas y continuar su formación, si los grupos no tienen financiación ni para enviar intercambios de publicaciones, nos podemos quedar estancados”.

 Puntualiza que desde su juventud estaba acostumbrado, al igual que otros muchos compañeros, a la máxima: la escasez agudiza el ingenio, “pero creo que estamos llegando a una situación muy frustrante y donde no se atisba una esperanza a medio plazo. Los jóvenes investigadores – agrega – deben tener esperanzas, que con su esfuerzo se pueden doctorar, y tras salidas al extranjero, tener la ilusión de volver a su país a aplicar los conocimientos adquiridos. Pero si la situación sigue así, tendremos una fuga de cerebros lamentable para un país como España, donde todavía tenemos mucho que aprender”.

_________________________________________________________________________________

La segunda la tomamos prestada de: 

http://paleorama.wordpress.com/2012/04/30/crisis-economica-el-patrimonio-arqueologico-espera-bajo-tierra/

CRISIS, CRISIS Y ARQUEOLOGÍA, PRESUPUESTOS

Crisis económica. El patrimonio arqueológico espera bajo tierra.

In B-Denuncias, b. Arqueología on abril 30, 2012 at 01:43

Las empresas que hacen excavaciones reducen de forma drástica sus presupuestos

El boom del ladrillo tuvo las consecuencias negativas ya sabidas. Sin embargo, fue una espléndida época para la arqueología, ya que a las grandes urbanizaciones precedieron muchas veces grandes excavaciones que en algunos casos depararon descubrimientos históricos. Pero la crisis inmobiliaria y los recortes en inversión pública están dejando un panorama desolador: PAI paralizados, solares abandonados, promotores en quiebra y, también, arqueólogos sin trabajo. El conocimiento de la historia que alberga el subsuelo se ha parado en seco.

 “La verdadera crisis nos llegará en 2013 y 2014”, advierte la arqueóloga Ana Valero. “Este año todavía estamos trabajando por las obras públicas aprobadas hace dos años, pero la Administración ya no licita ninguna carretera ni tramo nuevo. En 2014 no tendremos trabajo”.

 Una empresa arqueológica nos desvela sus cuentas: en 2008 facturó un millón de euros, en 2009 dos millones, en 2011 la cifra bajó hasta los 40.000 euros, y este año solo tiene previstos trabajos por valor de 3.000.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Valenciano de 1985, toda obra que afecte al subsuelo requiere de una prospección arqueológica previa. En plena espiral inmobiliaria, las peticiones de licencia de construcción eran tantas que la Dirección General de Patrimonio, desbordada, permitió que los promotores contrataran a arqueólogos autónomos. “Fue una gran época”, señala Tina Herreros. “Los arqueólogos nos animamos a crear empresas que daban trabajo a topógrafos, dibujantes, informáticos, peones e incluso vigilantes de seguridad. La profesión comenzó a consolidarse”, añade.

 La construcción privada dio grandes frutos en las ciudades. “En 2007 excavamos la necrópolis tardorromana de la Boatella, en Valencia”, recuerda Herreros. En cerca de 5.000 metros cuadrados se encontraron más de un centenar de enterramientos de los siglos II al V. En las zonas rurales, gasoductos, trasvases, carreteras o la modernización de regadíos favorecieron el afloramiento de restos arqueológicos. En 2003, en el trayecto del AVE Valencia-Madrid se descubrió una villa romana en l’Ènova, y un gasoducto destapó en Sagunt unas termas romanas de hace 2.500 años.

 Pero donde los historiadores tenían puestas sus esperanzas para saber más de nuestro pasado eran los PAI. Así, una gran villa romana de 6.500 metros cuadrados fue descubierta en 2009 gracias a un PAI en Paterna. Ese mismo año, el PAI de Porxinos (Riba-roja) donde se iba a levantar la Ciudad Deportiva del Valencia CF, sacó a la luz restos íbero-romanos. “Pero el tiempo de los PAI ha pasado”, explica Valero, y, según Herreros, “apenas si hay excavaciones urbanas. Sólo pequeñas obras de alcantarillado, cableado o colocación de ascensores”.

Grandes obras que alimentaron las expectativas del sector, como el Parque Central de Valencia, están en punto muerto, y otras más pequeñas, como la construcción de viviendas junto al Museu de l’Arqueologia de Alcoi, dentro de la antigua ciudad amurallada, están paralizadas. El patrimonio arqueológico, bajo tierra, también espera el final de la crisis.

Excavación arqueológica en el centro histórico de Valencia, en una imagen de archivo. / jordi vicent

vía EL PAÍS.

_________________________________________________________________________________

Esta dramática situación que ya denunciábamos en nuestro anterior post de abril, hablando directamente con el nuevo espacio político andaluz, podría procurarnos un horizonte futuro de innegable precariedad. En relación con la arqueología de urgencias, basada mayoritariamente en la labor de innumerables arqueólogos que se desenvuelven en la iniciativa privada, el drama puede ser mayúsculo para ese notable grupo de abnegados profesionales que tendrán que afrontar un incierto mañana.

La Universidad, afortunadamente, siempre que se salve de los ajustes laborales iniciados en otros ámbitos económicos y laborales, podrá seguir conjugando su ambivalente tarea cotidiana de docencia e investigación, aunque minorando esta última con menos acciones directas de campo, hasta dedicar la mayor parte del tiempo investigador a análisis de gabinete, acercamientos historiográficos, encuentros congresuales o revisiones de estudios precedentes.

Por ello, tal como ya indicábamos en nuestra anterior entrega, lo más preocupante -al margen del drama humano que más arriba señalábamos- es la menor dedicación que podamos ofrecer a la conservación patrimonial, así como a la prevención de las acciones ilegales antipatroniales. Ya que un periodo de recesión rebajará las condiciones de vigilancia, restauración y mantenimiento, al tiempo que habrá que enfrentarlo a un presumible aumento de las actuaciones delictivas, porque nuestro pasado puede convertirse en otro recurso económico marginal al que acudir, ante la pérdida de las habituales y legales bolsas de empleo y actividad productiva. 

PERSPECTIVAS PATRIMONIALES ANTE LA NUEVA LEGISLATURA ANDALUZA

La justificación de estas líneas se apoya en la nefasta situación económica por la que atraviesa nuestro país, que no parece augurar nada bueno para el desarrollo de las políticas culturales de los próximos años. Por ello, aceptando la necesaria contención presupuestaria que ya afecta a casi todas las áreas del gasto social y que había empezado antes, mucho nos tememos que –en lo cultural– las restricciones puedan ser manifiesta y negativamente contundentes.

Si, desde una perspectiva nacional, la importancia que los nuevos gobernantes dan a esta faceta aparece claramente minorada, como ya demuestra que el Ministerio de Cultura haya sido subsumido en un macrodepartamento ministerial de Educación, Cultura y Deporte; desde el ámbito autonómico, más concretamente del andaluz, las perspectivas no parece que vayan a ser demasiado diferentes, pese a que pueda mantenerse como un negociado administrativo independiente, sin que se unifique con las áreas educativa y deportiva, como ha ocurrido en el gobierno central. 

Andalucía deberá ajustarse necesariamente a los objetivos de control presupuestario, pese a las posibles desviaciones que puedan preverse en una región autónoma como la nuestra, que ya está manifestando públicamente sus discrepancias de endeudamiento frente a las directrices marcadas por Madrid. Los indicios disponibles ya han mostrado divergencias en los recortes que pudieran afectar a Sanidad y Educación, considerados por los socialistas como ámbitos de aparente exclusión restrictiva, sin que se haya verbalizado expresamente qué ocurrirá con Cultura.

Resulta evidente que, si aquellos ámbitos acaban siendo excluidos de las previsiones de ajuste por el futuro gobierno autónomo andaluz, los recortes tendrán que afectar a otros sectores de la estructura administrativa, por lo que no debiera extrañarnos que Cultura acabe sufriendo más profundamente los efectos de esta crisis, en una deriva que no hace sino reafirmar el escaso interés gubernativo que siempre han despertado las políticas culturales, con independencia de que soplasen o no vientos favorables en lo económico.

Aceptada esta premisa, también es lógico pensar que el más que presumible recorte de Cultura –que tampoco es nuevo, porque ya se había iniciado en la anterior legislatura–, debería repartir sus migajas por todas las dependencias de la citada consejería, pero con mayor dramatismo y, probablemente, sin la necesaria medida de proporcionalidad. En este sentido, la experiencia previa puede darnos alguna perspectiva de lo que nos espera: así, mientras se ha seguido manteniendo buena parte de la maquinaria propagandística, que afectaba a los programas divulgativos, editoriales, museográficos y congresuales, se minoraron paralelamente las partidas que debieran haberse destinado a los proyectos arqueológicos de campo, como las excavaciones, a las dotaciones para los propios equipos de investigación ya constituidos, así como las partidas necesarias para la prevención y conservación patrimoniales, que en los últimos tiempos empiezan a alcanzar una situación lamentable.

En este proceso, bajo el escaso amparo del paraguas de la crisis, las recientes elecciones andaluzas van a propiciar la constitución de un gobierno PSOE/IU, que ya parece haber pactado la composición jerárquica de la cámara parlamentaria, con el mantenimiento del presidente de la región y, probablemente, el reparto proporcional de las consejerías entre ambos partidos. En ese entorno, acostumbrados a la machacona frase de que esa doble corriente de gobierno constituye una clara opción de progreso, queda por ver si nuestros viejos y nuevos gestores serán capaces de aplicar un auténtico criterio avanzado de desarrollo a la política patrimonial.

Entre los rumores que se han deslizado, incluso aparece el nombre de nuestro notable hombre de letras, Luis García Montero, como posible Consejero de Cultura. Con independencia de una evidente afinidad a IU, nadie sería capaz hoy de negarle al futurible la alta capacidad de su pluma. ¿Pero ese carácter será suficiente para gestionar con garantías una consejería bastante más poliédrica que lo que representa el mundo de las letras? Si el nombramiento se produce, el tiempo nos dará la respuesta; mientras tanto, podemos apuntar algunas cuestiones que debieran preocuparnos, tanto si el poeta accede al ministerio autonómico, como si acabamos teniendo en el mismo cualquier otro residente de menor sustancialidad intelectual.

Desde un observatorio ajeno a la alta gestión pública andaluza, no resulta tan descabellado el nombramiento de un representante de la coalición de izquierdas para Cultura, simplemente considerando que en los treinta años de poder andaluz del PSOE, ni siquiera un eminente representante de este partido ha pasado por la dirección de esa consejería, demostrando lo que antes dijimos del desinterés que ésta siempre ha venido despertando; junto al hecho, más relevante, de que siempre se trató de un departamento menor en lo que respecta a dotación económica y, por tanto, incapacitado para despertar excesivos alicientes personales entre los políticos de mayor proyección. El pacto entre los dos partidos que nos gobernarán ha debido generar ciertas fricciones, respecto de la importancia del reparto de los cargos para cada uno de los grupos, ya que tampoco Cultura debiera materializar ningún objetivo excesivamente ambicionable. Pero, también es verdad, que IU siempre ha tenido un apoyo importante de cierta intelectualidad, a la que no le ha sido ajena la preocupación cultural institucional.

El problema que plantean las actuales circunstancias al posible binomio Cultura-IU es fundamentalmente el económico, pese a que esta coalición siempre haya demandado un esfuerzo en el gasto público, en aras de no devaluar el ‘mítico’ horizonte del estado del bienestar. En este sentido, las ansiadas aportaciones dinerarias probablemente cubrirían –de producirse– consejerías con mayor consideración productiva; pero, el hecho es que no hay dinero y lo normal es que, incluso en los habituales sectores generadores de empleo y crecimiento económico, tendrán que hacerse recortes para prevenir que el desvío sobre el déficit no se materialice e impedir la posible intervención de las cuentas autonómicas por parte de Madrid.

La situación, de no estar muy descaminados, dejará a Cultura en una desasistencia que imposibilitará garantizar siquiera la satisfacción de las mínimas exigencias que demanda el mantenimiento rutinario de nuestros bienes culturales. Y parece que no estamos muy desacertados si comprobamos los datos publicados sobre el acuerdo político entre las dos fuerzas parlamentarias, en el que las cuestiones culturales están prácticamente ausentes. Así, en el documento al que se puede tener acceso en alguna de las webs de esos partidos (por ejemplo, http://www.iuandalucia.org/pre-acuerdo-programatico-iu-lv-ca-psoe), la cultura solo se señala en los seis siguientes puntos:

____________________________________________________________________________

Acuerdo por Andalucía: PSOE Andalucía / IULV-CA (aspectos culturales)

1) Promoveremos el acceso democrático, igual y libre de toda la ciudadanía a la cultura, haciendo de ella un factor de calidad de vida y de integración social e impulsando la participación social en su gestión.

2) Concertación con entidades públicas y privadas de sistema de becas para apoyar la promoción y formación de jóvenes creadores.

3)  Creación  de  un  catálogo  público  de  libre  acceso  de  servicios culturales.

4)  Iniciar  los  trabajos  para  la  redacción,  con  la  participación de los agentes implicados, del Libro Blanco del Flamenco que contemple medidas para la recuperación de los festivales, el apoyo conjunto de los sectores profesionales y el fomento de las actividad de las Peñas Flamencas.

5) En el marco de los convenios permanentes para la gobernanza de las instituciones del patrimonio histórico de titularidad estatal y de gestión autonómica, pediremos colaboración activa para concluir el plan de actuación para las infraestructuras, los equipamientos y las colecciones.

6)  Dotar a la Policía en Andalucía de los medios humanos suficientes para  lograr atender a los problemas de los menores, el absentismo escolar, el patrimonio histórico y cultural, contra las infracciones a la ordenación del territorio y el medio ambiente, en las zonas menos articuladas de nuestras ciudades, en políticas efectivas de igualdad y contra la violencia de género.

___________________________________________________________________________

En esas escasas propuestas lo que más llama la atención es el hecho de que se pretenda ampliar la participación social en la gestión cultural, cuando hasta ahora hemos estado habituados a una excesiva politización de los propios gestores culturales, incluso hasta un punto superior –a veces – al de los simples puestos intermedios de su organización administrativa. Es difícil advertir una solución razonable para esa extensiva participación cultural, a menos que lo que se pretenda sea ampliar la politización de la gestión, repartiendo entre los partidos gobernantes más cargos del organigrama y presentarlos, cual reflejo de sus votantes, como un sistema más democrático, representativo y de mayor espectro social. Aunque desde aquí pensamos que una escalada en esa posible politización se verá acompañada proporcionalmente de la disminución de la profesionalización gestora, que es precisamente lo que tendría que defenderse denodadamente.

Indudablemente tampoco se habla nada de financiación, por lo que no cabe ser demasiado optimista con una mejora de la situación que ya conocemos, pero ni tan siquiera para permitirnos poder mantenernos en un nivel semejante de gasto. En definitiva, tan limitada preocupación por la cultura andaluza no promete una legislatura muy esperanzadora, en lo que respecta a los bienes culturales y a la arqueología.

Es razonable preguntarse, entonces, sobre el margen de maniobra que le quedaría a la nueva dirección cultural andaluza. Y, si se produjese el nombramiento institucional que apuntábamos al principio, ¿sería capaz una personalidad como García Montero de desviar positivamente el sesgo fatal que puede atenazar a ‘su’ posible consejería? Mucho nos tememos que no, porque aunque ganásemos en la calidad de los discursos oficiales en los que el poeta interviniese directamente, poco o nada mejoraríamos en los aspectos patrimoniales que a este blog interesan. Pero, es probable que eso sea lo único que se esté buscando, exponer una llamativa pantalla con la que ocultar las notorias deficiencias que habrán de afrontarse durante los próximos cuatro años. Con otras palabras, muchos Juegos Florales pero poca arqueología, menos restauración patrimonial y nulo incremento de la profesionalización en la gestión de la cultura de todos. Un cuatrienio, muy probablemente, perdido.